El bloque oficialista de la Legislatura se tensa por la adhesión a la “Ley Micaela”.
Los tiempos se reducen y el espacio conformado por 32 de los 49 legisladores de la Cámara busca alcanzar la unidad plena que se augura puertas hacia afuera. Hay ciertas asperezas que hasta ayer no se conseguían limar completamente. Y esas fricciones hacen que la temperatura vaya en aumento, más aún con manifestaciones sociales y políticas a nivel provincial y nacional.
El presidente del bloque Justicialista de Todos, Roque Álvarez, confía en que todo el espacio que encabeza respalde la adhesión a la ley nacional que dispone la capacitación obligatoria en materia de género y en violencia contra la mujer entre los agentes de los tres poderes del Estado. “Tenemos la expectativa de que el bloque vote todo junto, unido; no sabemos qué harán el resto de los espacios políticos, pero a partir de la sesión de la semana próxima, la Provincia va a estar adherida a la ‘Ley Micaela’”, explicó ayer a este diario.
La iniciativa oficialista, que busca el respaldo unificado antes de pasar por Mesa de Entradas, propone acoplarse a la Ley Nacional Nº 27.499, con la salvedad de que los encargados de la aplicación y control sean los titulares de cada poder del Estado y no el Instituto Nacional de las Mujeres, como señala la norma aprobada por el senado en diciembre de 2018. Hasta ayer, contaba con al menos 15 adhesiones dentro del bloque. La intención de Álvarez es que tenga 32 firmas (o el número más cercano posible) para que consiga dictamen y sea aprobada en la sesión del jueves.
Ayer por la mañana, en tanto, se conoció que había otro proyecto oficialista, impulsado por Sandra Mendoza, que proponía una “adhesión parcial” a la Ley Nº 27.499. Sin embargo, desde el oficialismo afirmaron que por la tarde se llegó a un consenso y que hoy, luego de una reunión que el bloque mantendrá al mediodía rubricarán una única iniciativa. Las mismas fuentes agregaron que esas diferencias no eran “sustanciales”, sino más una cuestión de “interpretación de texto”.
Por videollamada
El presidente de la Legislatura, el vicegobernador Osvaldo Jaldo, se comunicó ayer por la tarde y mediante videollamada con el entrerriano Néstor García, el padre de Micaela García, la joven de 21 años asesinada en 2017, para anticiparle cómo será la ley que buscan aprobar en Tucumán. Allí le explicó que la única modificación será que las autoridades del Ejecutivo, del Legislativo y de la Justicia serán las encargadas de controlar el dictado de los contenidos.
A través de las redes sociales, los padres de la joven habían expresado su respaldo a las organizaciones sociales que exigen la adhesión e la provincia.
Debate e idas y vueltas
Tucumán es la única provincia que no adhirió a Ley Nacional Nº 27.499, sancionada por el Congreso en 2018. Esta prevé la capacitación obligatoria en materia de género y en violencia contra la mujer entre los agentes de los tres poderes del Estado. Precisamente lo que generó diferencias dentro del oficialismo y en la oposición está en la perspectiva de género incluida en la “Ley Micaela”. Por este motivo, bloques opositores como Fuerza Republicana (FR) y PJS Recuperemos Tucumán -sin Raúl Pellegrini- impulsan alternativas más conservadoras. Según manifestaron los impulsores de esos proyectos, Nadima Pecci (FR) y Raúl Albarracín (PJS), la norma nacional está “ideologizada” y no toma como eje central la lucha contra la violencia hacia la mujer. La iniciativa alfarista llegó a contar inicialmente con adhesión oficialista, que finalmente fue retirada.
Semanas atrás, en el programa periodístico de LA GACETA, “Panorama Tucumano”, Jaldo había barajado la posibilidad de que la adhesión a la ley sea consensuada con otros espacios. “Hay que ver si se hace una adhesión lisa y llana o adecuada a lo que es la provincia de Tucumán”, había manifestado ante los periodistas Federico van Mameren y Carolina Servetto.
En esa ocasión el vicegobernador había dejado abierta la posibilidad de consensuar un dictamen con otros espacios políticos, algo que finalmente fue descartado.
Desde que se anunció que el debate llegaría al recinto, distintos sectores políticos, agrupaciones sociales, feministas y religiosas se expresaron a favor y en contra de la ley. Incluso el gobernador Juan Manzur y otros sectores del Ejecutivo provincial solicitaron la adhesión lisa y llana a la ley nacional. En el mismo sentido ya se expresaron las funcionarias nacionales Vilma Ibarra (secretaria Legal y Técnica de la Presidencia) y Elizabeth Gómez Alcorta (ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad).